A dos años de la masacre de 13 policías en Coyuca de Benítez, persiste la impunidad

Hoy se conmemoran dos años de la ejecución de 13 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Coyuca de Benítez, un caso que sigue sin resolverse y que permanece en la impunidad. Entre las víctimas se encontraban el secretario de Seguridad Pública, Alfredo Alonso López, y el director de la corporación, Honorio Salinas Garay, quienes fueron asesinados el 23 de octubre de 2023.

El ataque ocurrió poco después del mediodía, cuando un grupo armado emboscó a los agentes en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del poblado El Papayo, a tan solo media hora de Acapulco. A pesar de que en su momento las autoridades de la Fiscalía General del Estado informaron que no había antecedentes de amenazas contra los mandos policiacos, el ataque desató una operación de seguridad que involucró a corporaciones de distintos niveles de gobierno, así como al Ejército, Guardia Nacional y la Marina, quienes resguardaron la zona y supervisaron los trabajos periciales.

El hecho, que conmocionó al estado de Guerrero y al país, dejó una serie de irregularidades. El entonces presidente municipal y exdiputado local de Morena, Ossiel Pacheco Salas, no dio la cara ni ofreció acompañamiento a las familias de las víctimas. Además, se descubrió que los policías no contaban con seguro de vida, gastos funerarios ni gastos médicos; el único apoyo económico brindado por el gobierno municipal fue de 40 mil pesos por familia.

Lo que exacerbó aún más la indignación fue el impacto mediático del huracán Otis, que azotó Guerrero el 24 de octubre de 2023, desviando la atención de la masacre y postergando la exigencia de justicia.

A dos años de este trágico suceso, las familias de las víctimas siguen sin respuesta. Hoy, exigen justicia y la resolución del caso, que aún se encuentra en abandono institucional. La impunidad que rodea este caso se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad que vive el estado, donde los responsables siguen sin ser detenidos y las autoridades continúan sin dar un pronunciamiento claro ni soluciones.