Indígenas y CIPOG-EZ denuncian racismo, violencia y abandono en Guerrero

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios y del 243 aniversario del natalicio de Vicente Guerrero, autoridades y comunidades indígenas de los municipios de San Luis Acatlán y Marquelia, así como el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunciaron que persisten la discriminación, el racismo, la violencia y el abandono en sus territorios.

En un comunicado, autoridades de las comunidades indígenas de Acatlán —Jolotichán, El Mesón, Jicamaltepec, Piedra Ancha, Yoloxóchitl, San Antonio, Miahuichán y Zentixtlahuaca— y de pueblos afromexicanos de Zoyatlán, Cruz Verde y Capulín Chocolate, en Marquelia, señalaron que a pesar de que los gobiernos estatal y federal realizan actos públicos usando su vestimenta tradicional y prometiendo apoyo, la realidad es otra.

“Seguimos viviendo entre la violencia y el abandono. Las escuelas están dañadas; las casas cuarteadas, con techos colapsados; no hay acceso a salud, y las carreteras están destruidas”, expresaron.

Recordaron que tras el paso del huracán Erick, sufrieron negligencia y racismo por parte de las autoridades, que no aparecieron ni durante ni después de la emergencia, incumpliendo acuerdos pactados tras una protesta y bloqueo de la carretera Marquelia-Acapulco el 19 de julio.

“Han pasado 21 días y no hemos visto avances; ningún funcionario se ha presentado en los pueblos. El gobierno simuló diálogo para ganar tiempo y contener nuestra protesta”, señalaron.

Denunciaron además la hipocresía de funcionarios que públicamente muestran apoyo, mientras en la realidad dejan a madres y abuelas en viviendas en ruinas, y persisten asesinatos, desapariciones y extorsiones en la región.

Criticaron que se utilice la figura de Vicente Guerrero, quien luchó contra la esclavitud y la desigualdad, para actos oficiales, mientras sus comunidades viven en la pobreza y el olvido.

Advirtieron que “el pueblo de Guerrero ya no aguanta tanta burla” y anunciaron nuevas movilizaciones para exigir respeto y cumplimiento de los acuerdos, incluyendo el bloqueo del puente Marquelia y de oficinas gubernamentales.

Finalmente, responsabilizaron al gobierno estatal de Guerrero de cualquier agresión o violencia que pueda ocurrir contra sus comunidades.